Educación

Desde la educación subsidiada a una educación pública

Chile mantiene un sistema educacional fundado en dos principios: la libertad de enseñanza  y el Derecho a la Educación, con la participación del Estado.

En la década de 1980, se implementa un sistema de educación pública subvencionada, en el que los municipios se hacen cargo de administrar los establecimientos públicos y los privados son estimulados a crear establecimientos subvencionados por el Estado.

El N° 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República consagra la libertad de enseñanza, que implica el derecho de abrir, organizar y mantener instituciones educativas para impartir enseñanza en cualquier nivel. Junto con ello, dispone que una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de las referidas instituciones.

La Unidad de Subvención Educacional, USE, que equivale a un determinado valor en pesos, es el factor que permite determinar el valor o porcentaje de la subvención que paga el Ministerio de Educación a un establecimiento, de acuerdo con diversos parámetros, entre ellos: a) El tipo de enseñanza que imparte la Escuela; b) Los factores de incremento de la subvención atendiendo a diversas realidades; c) Incremento de la subvención, tales como la ruralidad del establecimiento; la zona geográfica del lugar de funcionamiento del establecimiento  respecto de los alumnos y el funcionamiento bajo el régimen de Jornada Escolar Completa.

Lo paradójico del sistema es que los ingresos son variables, según matrícula y asistencia media, en tanto que los gastos son fijos en cuanto a las remuneraciones de los profesores, según señala el artículo 4º del decreto supremo Nº 8.144, de 1980. En este esquema, sostenedores municipales y privados deben competir por captar la matrícula de las familias, quienes portan un subsidio (voucher).

Adicionalmente, en dictadura militar se instaló la política de municipalización de la educación, sistema que desmanteló el anterior régimen de Educación Pública Nacional existente desde fines del Siglo XIX en Chile, luego de luchas y conquistas del Magisterio y Estadistas que promovieron la Educación Pública como vehículo de democratización, igualdad, movilidad social y justicia social.

La municipalización trajo consigo, por una parte, atomización y desintegración del sistema educacional público, y por la otra, el desmantelamiento de la carrera profesional docente, encargando la administración financiera y de gestión educacional a los municipios, organismos que carecieron y carecen de las competencias necesarias para desarrollar tan importante misión.

Las consecuencias de la medida militar son evidentes: la educación ha experimentado un deterioro considerable, sumado al desfinanciamiento y arbitrariedad política de parte de los alcaldes, salvo honrosas excepciones estacionales.

Ante este escenario, constituye una misión principal el rescatar la educación, con el objeto de dignificar su rol social, político y cultural, y resituar su misión en coherencia con un Estado responsable y orientador de las metas de igualdad, cohesión e integración social, colaborador de una cultura en evolución.

Es imperativo que Chile tenga una educación de calidad para todas y todos, que promueva los valores de la inclusión, la diversidad y la solidaridad, y que nos permita construir un país más creativo, productivo y moderno; pero, sobre todo, justo, por ello es fundamental desmunicipalizar; innovar y corregir la Ley de Subvenciones que ha acarreado más desigualdad.

Si tuviéramos que definir la esencia de un cambio en la educación, esta sería terminar con las formas de segregación económica, cultural, política y educacional que impiden cumplir la promesa de la democracia, la igualdad y la cohesión social. Asimismo, cambiar la modalidad de la educación pública, y asumir el cuidado y protección del hijo no deseado.

Finalmente, esperamos trabajar en un nuevo paradigma de la educación, en el que el derecho no sea jibarizado por la libertad de enseñanza y consagrar un paradigma que oriente todos sus niveles, para quienes padecen los efectos de la misma inoculación inyectada en los 80s, con el fin de ponernos al día como país, tanto en la equidad de acceso como en el desarrollo científico-tecnológico en la sociedad del conocimiento, lo que involucra tanto a la educación preescolar como a la básica, media, técnico profesional y universitaria. En este sentido, es necesario revisar el marco legislativo, financiero y de principios que sustentan el actual sistema educacional.

 

 

Luis Chandía Ruiz

Profesor de Estado en Biología y Ciencias

Orientador Educacional

Magíster en Administración Educacional

D© en Ciencias de la Educación

 

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