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Los errores (o ambición) de los políticos los pagan los pueblos

Escribe Gonzalo Herrera

Cómo nos duele Venezuela. Somos testigos a diario de su descomposición política y social, del creciente contingente de ciudadanos que huyen hacia países limítrofes en busca de refugio o asilo, de las dramáticas escenas de adultos y menores recogiendo desechos de comida en depósitos de basuras de mercados y restaurantes, por efecto de la escasez de productos básicos y medicinas que golpean principalmente a los sectores más modestos de la población. Hemos llegado a habituarnos a las decenas de muertos que dejan las masivas protestas callejeras, mayoritariamente jóvenes, víctimas del odio, la insensatez y la incapacidad de diálogo que han mostrado tanto el gobierno como la oposición.

Obviamente, una crisis tan profunda como la que sufre el país caribeño tiene muchos responsables, pero lejos la mayor incumbencia hay que hallarla en sus principales líderes políticos. Más allá de que sus intenciones iniciales hayan sido la de continuar el ideario de Chávez, en cuanto a generar un consenso social para avanzar hacia un país independiente, soberano, democrático y socialista, hoy la gestión del presidente Nicolás Maduro es percibida internacionalmente como la de un político obsesivo que transita del populismo al autoritarismo, obcecado ya no por transformar el país sino de adecuarlo, constitucional e institucionalmente, a sus propósitos de entronizarse indefinidamente en el poder. Y bien sabemos que la concentración unipersonal del poder político nunca avanza por cauces democráticos y, por el contrario, es causal la mayoría de las veces de crímenes injustificables.

Es importante aclarar que no toda la oposición que se levanta hoy masivamente contra los planes de Maduro podría ser apodada de “derecha golpista”, como aquella que perpetró el golpe de estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Sin ninguna duda, el intento de derrocamiento del impulsor de la República Bolivariana fue encabezado aquella vez por el líder de la principal organización empresarial de Venezuela y apoyado por sectores de derecha no democráticos, además de poderosos medios de comunicación, varios de ellos ligados a la familia Capriles, una importante confederación de trabajadores, y la Iglesia católica a través de agrupaciones ultraconservadoras como Tradición, Familia y Propiedad.

En la actualidad, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que concierta a la mayoría de la oposición, reúne a partidos socialdemócratas, democratacristianos, liberales, conservadores, centristas, de extrema derecha y socialistas, incluyendo a los dos partidos que se repartieron el poder durante cuarenta años, Acción Democrática y el socialcristiano COPEI. Muchos de aquellos apoyaron a Chávez en algún momento, específicamente en el Referéndum constitucional de 1999, que ofrecía un desarrollo democrático en base a un conjunto de políticas públicas, orientadas a levantar las condiciones de vida de amplios sectores que sufrían hambre y desempleo, pese a las siderales sumas de divisas obtenidas por Venezuela desde mediados de los ’90 con la venta de petróleo.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, que había ganado la presidencia en 1988 con un enérgico discurso a favor de la justicia social, terminó asumiendo la totalidad de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), implementando un modelo neoliberal cuyos resultados generaron enorme desigualdad en la distribución del ingreso, situación que motivó masivos disturbios que terminaron con la masacre de 1989, conocida como “el Caracazo”, el más violento genocidio ocurrido en Venezuela, con más de mil muertos y desaparecidos. En 1992 Hugo Chávez, junto a otros oficiales de rango medio del Ejército venezolano, intentó un golpe de estado contra Pérez, insurrección que fracasó y que lo llevó a ser encarcelado y posteriormente sobreseído. En 1993, Pérez fue acusado de corrupción y despojado de su cargo por el Congreso.

Los más conocidos líderes de la oposición actual, Henrique Capriles, Leopoldo López, Maria Corina Machado y Antonio Ledesma son políticos de larga experiencia, que pese a su oposición al chavismo fueron electos y se mantuvieron en cargos públicos hasta el momento de ser encarcelados. Leopoldo López es un activista bastante proclive a la violencia, líder de las protestas estudiantiles de febrero del 2014, al que se le ha responsabilizado por las numerosas muertes acaecidas durante las llamadas “guarimbas”. Capriles, por su parte, hasta entonces Gobernador de un Estado, heredero de una familia empresarial y ligado a una poderosa cadena de prensa y televisión, perdió en 2013 la elección presidencial frente a Nicolás Maduro por una cifra mínima. Ledesma ha sido en numerosas ocasiones alcalde y senador; alcalde de Caracas hasta febrero de 2015, en que fue detenido, según el gobierno, por conspirar contra el régimen de Maduro. Antes, en 1996, había sido investigado y acusado de malversación de fondos municipales. Recluido en la prisión militar de Ramo Verde, después de los últimos acontecimientos, se le devolvió a su domicilio a cumplir con su privación de libertad.

De manera que si bien no toda la oposición contraria a Maduro puede ser catalogada como derecha antidemocrática, tampoco se puede descartar que en su máxima dirigencia existan propósitos no sólo de “recuperar la democracia”, sino también de reconquistar el poder para ponerlo al servicio de los grandes intereses internacionales, en particular la administración de la multimillonaria industria petrolera, teniendo en cuenta que Venezuela posee una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo. Lamentablemente, también alrededor de la petrolera estatal (PDVSA) parece haberse conformado una burocracia corrupta que salpica al régimen chavista, siendo objeto de investigación por lavado de dineros por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Hablábamos antes de Leopoldo López, condenado a catorce años por incitación a la violencia, y las “guarimbas”, término con el que se conoce a las protestas, con cortes de calles, organizadas en lugares no demasiado vigilados por las fuerzas de seguridad, convocadas con un mínimo de tiempo a través de las redes sociales. Estas acciones se parecen en demasía a las “instrucciones” del manual desestabilizador del consultor de la CIA Eugene Sharp, un filósofo de la Universidad de Harvard, autor de una publicitada obra a favor del uso de la “no violencia” en la lucha de los pueblos contra las dictaduras, con connotados éxitos en la “primavera árabe” y en las “revoluciones de colores” de Europa del Este y en las exrepúblicas soviéticas, sin olvidar la caída de Milosevic en Serbia y el derrocamiento del gobierno egipcio de Mubarak.

No resulta descabellado pensar que este pudiera ser el trasfondo de las movilizaciones del pueblo venezolano, acicateado por las precarias condiciones en que vive, desinformado del adoctrinamiento y apoyo financiero de activistas entrenados para el trabajo en la calle, la propagación del rumor y el fomento del descontento popular, levantando persistentemente la presión para alcanzar el estallido social que concluya con la caída del régimen chavista.

Evidentemente, la falta de convicción democrática de Maduro no contribuye a bajar la temperatura. La sucesión de acontecimientos que arrincona cada vez más lo que pudiera quedar de la constitucionalidad establecida en el referéndum de 1999, entrega día a día nuevos argumentos a la oposición. Después de perder las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, hizo que el Tribunal Supremo de Justicia, mayoritariamente afecto al gobierno, emitiera una resolución que la permitía al gobernante anular a la Asamblea Nacional, el poder legislativo, mayoritariamente de oposición. Esto provoca la primera denuncia internacional de “golpe de Estado”, lo que obliga a Maduro a revertir la medida.

Posteriormente, y sin aviso previo, convocó a la elección de delegados para una Asamblea Constituyente, con el fin de reformar nuevamente la Constitución, a través de un voto indirecto que recuerda los métodos corporativistas de regímenes fascistas, eligiendo a los miembros a través de gremios, sindicatos u organizaciones sociales previamente reconocidos por el régimen. Esta Constituyente amenaza, además de terminar con la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional, con la suspensión de futuras elecciones democráticas para designar autoridades.

La respuesta internacional ha sido la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur, lo que eventualmente podría establecer sanciones comerciales y la restricción de mercaderías a través de sus fronteras, agravando aún más las condiciones de vida del pueblo venezolano.

Lo que cabe ahora a los demócratas de esta golpeada América Latina es levantar la voz y generar una potente corriente de opinión internacional, que incline a la comunidad de países, antes de aplicar inconducentes medidas de castigo, a promover diálogos constructivos entre las partes, de manera que sea la vía del entendimiento y el respeto la que conduzca a aplacar la espiral de violencia, callejera e institucional, y el colapso económico, que hoy amenazan tan gravemente al pueblo hermano del norte.

 

Gonzalo Herrera G.

Agosto de 2017

 

 

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