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Campaña del Terror, el Pasado y la Violencia:¿Viejas Tácticas para tratar de Adormecernos Nuevamente?

DECLARACIÓN PÚBLICA

Acción de Convergencia Cívica, agrupación constituida por ciudadanas y ciudadanos con diversas miradas políticas e ideológicas, unidos por la defensa inquebrantable de los Derechos Humanos y el sueño de un país más justo, equitativo y con firme asiento en los valores de una convivencia democrática (https://convergencia.cl/2019/12/09/una-democracia-participativa-para-chile/), frente a la situación de incertidumbre que se extiende en el país, ante la opinión pública y sociedad civil, declara:

  1. Rechazar todas las acciones violentas que se intentan hacer aparecer como parte de la movilización social con que el pueblo de Chile manifestó un estentóreo NO MÁS ante los abusos y privilegios que benefician a un segmento muy pequeño de la población.
  2. Denunciar que toda forma de violencia irracional, a mansalva, con propósitos de crear caos, apropiación ilícita, destrucción de patrimonio, de propiedad pública y privada, o actos de venganza contra las fuerzas de orden y seguridad institucional, constituye un fuerte respaldo a los sectores políticos que no están dispuestos a cambiar ni una coma a la actual Constitución, principal resguardo del modelo neoliberal.
  3. Los desmanes, saqueos e incendios perpetrados al pequeño o mediano comercio no sólo dañan emprendimientos, destruyendo muchas veces el esfuerzo laboral de una vida completa, sino que, hasta la fecha, han lanzado a la cesantía a miles de chilenos que se desempeñaban en ese sector. El impacto que dichos actos vandálicos provocan es la división entre los chilenos, dañando a compatriotas que muy posiblemente desde el comienzo fueron partidarios de la movilización social iniciada el 18 de octubre.
  4. Hoy, la derecha está tratando de instalar una nueva campaña del terror, táctica que le ha sido favorable en numerosas ocasiones en los últimos 50 años. La implementaron con ayuda externa para socavar la institucionalidad del gobierno democrático de Salvador Allende; la repitieron, con todos los recursos del régimen dictatorial, en lo que llamaron “plebiscito constitucional”, a fin de obtener un fraudulento respaldo en la urnas a la Constitución de 1980, redactada por cuatro partidarios de la junta militar; el terror volvió a ocupar espacios relevantes en los principales medios de comunicación del país ante los intentos de implementar la reforma a la educación y luego el proceso constituyente, ambos aspectos fundamentales del programa de gobierno de Michelle Bachelet en su segundo periodo.
  5. Por lo tanto, la mantención de la violencia delictual e irracional es netamente conducente al propósito del sector más extremo de la derecha del país de cerrar el camino al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado con amplio consentimiento del mundo político el pasado 15 de noviembre. Hoy, cuando la masividad de la ciudadanía, con su interpelación al gobierno exigiendo la solución a los graves problemas sociales, disminuye su presencia en las calles, y es reemplazada por hechos de violencia de alto impacto, cometidos por grupos minoritarios movilizados principalmente por la ira, más que por canalizar sus propuestas en el marco de la actual crisis, esa derecha se siente estimulada para descolgarse del acuerdo firmado, argumentando que “el clima de violencia que afecta al país” es inadecuado para llevar a cabo el proceso constituyente, incluso el propio plebiscito.
  6. En este mismo sentido, el boicot desarrollado por organizaciones de estudiantes secundarios en contra de la PSU, entrando a los establecimientos y arrebatando las pruebas de las manos a los que estaban rindiéndola, más allá de la legitimidad de sus argumentos por la desigualdad de la educación en el país, ha llevado refrescante agua al molino de los sectores oficialistas y al propio gobierno, quienes han puesto una interrogante respecto a “la factibilidad de la agenda constitucional”.
  7. El descaro de cierta derecha apegada a la dictadura es brutal.  Al anteponer como razón del propósito de abortar la oportunidad de que el país pueda darse, por primera vez en su historia, una Constitución democrática en su origen, omite reconocer que la Constitución del 80, que les parece perpetuable, fue sometida a plebiscito en plena dictadura y en condiciones que los derechos fundamentales eran ignorados y conculcados. Igualmente, omite dar cuenta de la incapacidad de su propio gobierno para mantener la normalidad de la vida institucional y controlar el orden público. Si hoy existe en la ciudadanía la sensación de un gobierno ausente, sin iniciativa ni competencia para avanzar en la implementación de transformaciones urgentes, ello es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y demás organismos dependientes de éste, entre los cuales se hallan las Intendencias y gobernaciones regionales, Carabineros, Policía de Investigaciones, etc.
  8. Lo anterior es particularmente grave, porque un alto porcentaje de la violencia que subsiste en el país es generada por la frustración de los sectores más segregados, ante un gobierno que parece haber perdido toda capacidad de oír y de dialogar. Es más, la respuesta de las policías, como lo fuera en su momento de las fuerzas armadas, en vez de controlar el orden público respetando los protocolos operacionales propios de un Estado de derecho, se ha visto deslegitimada por reiterados atropellos a los derechos fundamentales de quienes se han manifestado pacíficamente, incluso de transeúntes que han sido mutilados por la voluntad manifiesta de provocar daño.
  9. Acción de Convergencia Cívica hace un llamado a toda la población, a los partidarios y no partidarios de una nueva Constitución, a las organizaciones que tan claramente se han manifestado por una nueva realidad social para nuestro país, a los jóvenes que tendrán el mérito histórico de haber puesto a un enorme sector de la ciudadanía de pie, a quienes desde el mismo 18 de octubre se han desplegado generosamente para impulsar enriquecedores diálogos ciudadanos, a redoblar la convicción colectiva de que un proceso constituyente masivo, informado, participativo y verdaderamente representativo de la diversidad de nuestro pueblo, incluyendo a los pueblos indígenas,  si bien no exento de dificultades, será la vía más corta y directa para resolver las contradicciones de una sociedad marcada por la injusticia y la segregación a través de un nuevo pacto social, en el que la dignidad humana sea el mínimo tolerable para cada habitante del país.

Viña del Mar, enero de 2020

#ChileDespertó, #NuevaConstitución, #DerechaReaccionaria

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